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Catalunya favorecerá la custodia compartida

Catalunya favorecerá la custodia compartida. Los hijos adoptados deberán conocer su origen a los 12 años.

L. DEL POZO BARCELONA 15/07/2010 00:05 Actualizado: 15/07/2010 05:13


La consellera de Justicia, Montserrat Tura, flanqueada por dos redactoras de la norma ayer en el Parlament.ACN

La sociedad ha cambiado y las relaciones entre las personas también. Por esa razón el Parlament de Catalunya aprobó ayer el Libro segundo del Código Civil relativo a las personas y la familia que pretende favorecer la custodia compartida, crear "una nueva cultura de las rupturas matrimoniales" y obligar a los padres a que expliquen a sus hijos adoptados su origen.



El objetivo de este artículo, que obliga a dar la información como máximo a los 12 años, es que, una vez alcanzada la mayoría de edad, los jóvenes puedan conocer quiénes son sus padres biológicos.

Además, con la nueva ley, compuesta por 300 artículos, "no habrá cónyuge culpable o separado de sus hijos", afirmó ayer la consellera de Justicia, Montserrat Tura, puesto que "los padres tendrán la misma responsabilidad sobre sus hijos que antes de divorciarse".

Lo cierto es que, hasta ahora, los jueces acostumbraban a dar la custodia de los hijos a las madres, sin embargo, el texto catalán quiere recoger la realidad social existente, donde cada vez más hombres desean participar en la educación de sus hijos y no limitarse a pasar un dinero a final de mes. En ese sentido, explicó Tura, se ha eliminado "conscientemente" el término "visitas", porque no se considera apropiado que un padre "visite" a sus hijos como si fuera su médico. Por el contrario, los padres separados tendrán que redactar un "plan de parentalidad", donde expliquen cómo se organizarán ante la nueva situación.

A pesar de todo, si finalmente la ex pareja no se pone de acuerdo, será un juez quien decida si sólo un cónyuge se queda con la custodia de los menores.

La fidelidad es optativa

La nueva norma también cambia la definición de matrimonio. Si antes la fidelidad entre cónyuges era un deber, a partir de ahora sólo lo será la lealtad, "un término más adecuado en los tiempos actuales", según los redactores de la norma. Además, se incorpora "de manera expresa" el deber de compartir las responsabilidades domésticas y de contribuir en el cuidado de otros miembros de la familia.

El texto, con vocación pedagógica, no sólo cambia la definición del término matrimonio, sino que amplía las distintas formas de convivencia estable: parejas de homosexuales, familias monoparentales y también las familias reconstituidas, es decir, aquellas parejas que no se pueden casar porque al menos uno de los miembros todavía está unido legalmente a su anterior cónyuge.

Este punto fue duramente criticado ayer por la portavoz de CiU en el debate, Núria de Gispert, ya que para los convergentes el reconocimiento de ese tipo de familias supone favorecer "una falsa bigamia".

La ley, que entrará en vigor en enero de 2011, fue apoyada por el PSC, ERC e ICV-EUiA. CiU, PP y grupo mixto votaron en contra.

De Gispert lamentó que el redactado sea "poco claro" lo que, en su opinión, dará "trabajo a los abogados". El representante del PP, Jordi Montanya, aún fue más lejos y dijo que la nueva norma "dará cobertura legal al aborto". También puso en duda que fuera constitucional la obligatoriedad de tener que informar a los menores adoptados sobre su origen. Ambos diputados calificaron el texto de "intromisión" en la vida privada de las personas.

Aumentan los derechos de las lesbianas

La nueva ley reforma las reglas de atribución de la vivienda familiar. Hasta ahora los jueces acostumbraban a ceder el piso familiar al cónyuge que se hacia cargo de los hijos. Sin embargo, el nuevo texto especifica que se valore la situación económica de ambos y establece la posibilidad de que el cónyuge con menos recursos económicos, aunque no se haga cargo de los hijos, se quede con la vivienda.

Otra novedad es que se da la condición de madre a la pareja de la mujer que se somete a las técnicas de reproducción asistida.

El texto contempla nuevas formas de asistencia para las personas discapacitadas, así como "poderes especiales" que tienen vigencia incluso aunque la persona haya sido declarada incapacitada. El código incorpora la figura del "guardia de hecho", es decir, aquella persona que cuida ‘de facto' a alguien en situación de desamparo o incapacitada.

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